Una
anciana sevillana tuvo que esperar 6 años
La
presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, festejó ayer
por todo lo alto el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de
Dependencia, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con un
multitudinario acto en Jaén al que asistió el ex presidente socialista impulsor
de esta ley y que quedó ensombrecido por las protestas contra los recortes
sanitarios lideradas por el médico granadino Jesús Candel, más conocido como
Spiriman.
Aunque
la presidenta de la Junta alardea de la aplicación de la Ley de Dependencia en
Andalucía, lo cierto es que las carencias en la comunidad son
tremendas, así como las listas de espera que pueden alargarse durante más de
seis años, como se puede comprobar leyendo las resoluciones del Defensor del
Pueblo andaluz sobre este asunto y revisando las minuciosas estadísticas que,
mes a mes, publica en Internet el Portal de la Dependencia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Son las paradojas de
Susana Díaz con la Dependencia. Exige al Gobierno central del Partido Popular
una financiación que ella misma no facilita en Andalucía, a pesar de que es su
competencia.
El
último informe del Portal de la Dependencia, con datos actualizados el 31 de
octubre de 2016, revela que en Andalucía había un total de 102.197
andaluces en lista de espera, casi un tercio del conjunto de
dependientes que aguardaban su prestación en todo el país (355.596 en espera en
todas las comunidades autónomas).
En
Andalucía, había 287.472 personas con derecho a alguna prestación reconocida en
la Ley de Dependencia, pero sólo 185.275 andaluces la estaban recibiendo,
recoge la citada estadística. La diferencia entre ambas cantidades son los algo
más de cien mil dependientes en lista de espera con su derecho reconocido, pero
que todavía no están recibiendo la ayuda. Si se compara con la cifra de
solicitudes, la lista de espera se dispara, ya que en Andalucía se presentaron
nada menos que 378.711. Por lo tanto, hay 193.436 andaluces aguardando a
recibir su prestación, tras presentar la correspondiente solicitud.
El
Portal de la Dependencia del Ministerio no concreta cuánto tiempo llevan los
dependientes con derecho a prestación esperando en cada caso, pero algunos
terminan reclamando tras aguardar durante años una ayuda que no llega.
Es el
caso de una anciana de Sevilla que tuvo que esperar nada menos
que seis años para recibir la ayuda a domicilio a la que tenía derecho. Además,
la atención se produjo después de que la hija de la dependiente presentara
varias reclamaciones ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla y una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz,
Jesús Maeztu, que emitió el pasado agosto una resolución dirigida a Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales,
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía para que solucionara el caso.
Queja al Defensor
«Si la
Junta de Andalucía hubiera actuado diligentemente, la afectada en esta queja
podría haber percibido la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar (PECEF) con efectos desde la fecha de solicitud, es decir, desde el 14
de julio de 2009», avisa el Defensor del Pueblo andaluz.
Sin
embargo, la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) que debe fijar
el tipo de ayuda que necesitaba la mujer de Sevilla no se hizo hasta diciembre
de 2015, es decir seis años después de la presentación de la
solicitud.
Para
colmo, la Administración no le concedió la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar que sí habría tenido efectos retroactivos,
sino ayuda a domicilio que, «por su propia naturaleza, no puede disfrutarse
retroactivamente», reprocha la Oficina del Defensor del Pueblo.
Los seis
años de retraso que sufrió esta mujer «vulnera la normativa
estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los
principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a
los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de
dependencia en particular», dice Maeztu, que cita la violación de seis leyes
distintas.
El
anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una dura resolución de diciembre
de 2012, de la que informó EL MUNDO, acusó a la Junta de paralizar la Ley de
Dependencia, ya que, aunque acepta nuevas solicitudes, luego las
guarda en un cajón y «nunca llegan a resolverse».
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